Órganos jurisdiccionales especiales. Corte Constitucional. Estructura interna de la Corte Constitucional

 La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 168.1, reconoce que los órganos de la Función Judicial gozarán de independencia interna y externa; y, que toda violación a este principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y penal de acuerdo con la ley. Por tanto ninguna función, órgano o autoridad del Estado puede interferir en el ejercicio de los deberes y atribuciones de juezas y jueces.
Las partes pueden disentir en derecho de las decisiones judiciales, para ello la ley procesal establece los recursos correspondientes. Las juezas y jueces del país están sometidos a la Constitución, la Ley y los méritos del proceso. La revisión de sus actuaciones corresponde únicamente a los órganos jurisdiccionales superiores; quienes, de ser el caso, tienen la facultad de declarar error inexcusable de las resoluciones y remitirlas al Consejo de la Judicatura para su investigación.
Proteger el principio de independencia judicial es una obligación del Estado como postulado elemental para garantizar a las y los ecuatorianos una justicia imparcial y expedita, libre de injerencias políticas y de grupos de poder, que respete y haga respetar sus derechos y ponga un límite a la arbitrariedad.